Una vivienda de Huelva capital será la primera expropiada temporalmente por la Junta de Andalucía para evitar el desahucio de María del Carmen, después de que el Boletín Oficial de la Junta publique este jueves el inicio del proceso de expropiación de esta vivienda, ubicada en la calle Alonso de Ercilla en Huelva capital, una vez comprobado que la residente cumple los requisitos y corre riesgo de quedar excluida de la sociedad, si finalmente es desahuciada, al disponer de una renta inferior a 542 euros mensuales.
Según reza en el BOJA, recogido por Europa Press, la afectada presentó ante la Delegación de Fomento y Vivienda en Huelva la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de la vivienda que se le ha embargado.
Ahora la sociedad hipotecaria, cuyo titular del derecho de la propiedad es A Y T Mixto III, cuenta con 15 días hábiles para presentar alegaciones al proceso o el procedimiento seguirá su curso.
Así, en el caso de que no se acepten las alegaciones, se establecerá el justiprecio y la emisión de informes técnicos de la dirección general de Vivienda y jurídicos.
Una vez emitidos estos informes, el último paso será llevar el proceso al Consejo de Gobierno para que este apruebe de forma definitiva la expropiación temporal del uso de la vivienda, concretamente durante tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional, tiempo en el que la afectada podrá seguir residiendo en su piso.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha instado este lunes al Gobierno central y la UE a acatar el decreto ley de función social de la vivienda convalidado por el Parlamento autonómico. "Deben obedecer al pueblo andaluz, que soberanamente y conforme a la Constitución ha aprobado un decreto ley sin ningún voto en contra", ha aseverado.
Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Barcelona, antes de reunirse con el Observatori dels Drets Socials, Econòmics i Culturals, una plataforma de entidades que vela por el cumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales.
Este mismo lunes el portavoz del Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor, ha negado haber enviado una carta al Gobierno central sobre el decreto andaluz, que prevé la expropiación temporal de viviendas a los bancos.
O'Connor ha avanzado que los inspectores de la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) analizarán la semana que viene en su tercera visita a Madrid si el decreto en tramitación se ajusta a las condiciones del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros concedido por el Eurogrupo a España.
El portavoz ha resaltado que el memorándum del rescate bancario especifica que España tiene que consultar con la Comisión y el BCE antes de adoptar medidas que afecten al sector financiero y a los objetivos del rescate, algo que Cortés no ha compartido: "No es de recibo que un memorándum que es secreto, que no forma parte del ordenamiento jurídico, se ponga por encima de la Constitución y del Estatuto".
La consejera sonsideraría "sorprendente" que la troika apercibiese el decreto antidesahucios de la Junta cuando todavía se está tramitando, teniendo en cuenta que el Tribunal de Luxemburgo ha tardado 20 años en apercibir al Gobierno central por incumplir mediante la ley hipotecaria la normativa comunitaria de protección de los consumidores.
Sobre el desarrollo de la tramitación del decreto, Cortés ha afirmado que se están desarrollando los reglamentos que éste prevé, y que la Junta está recibiendo a familias en las distintas provincias para que, si cumplen los requisitos, se pueda proceder a la expropiación temporal de uso de sus viviendas.
PRESIÓN SOCIAL
Preguntada sobre su participación en un debate sobre desahucios en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en la tarde de este lunes junto a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, la titular de Fomento y Vivienda ha reivindicado el papel de la sociedad civil en poner en la agenda política el problema de los desahucios frente a "políticas absolutamente suicidas".
Sobre los abucheos a cargos políticos o 'escraches', Cortés ha señalado que ya ha habido pronunciamientos claros del presidente del Consejo General del Poder Judicial y dos sentencias que avalan el derecho a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, tal como recoge la Constitución: "No deja de ser más que un ejercicio consciente de la sociedad civil de defender sus derechos en unos momentos de ataque brutal de la troika y de las medidas de austeridad".
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