Con el títuloLas inmobiliarias piden concurso (Alberto Ortín, 5 Días, 2-4-08, se anima a usar el término adecuadamente. Se dice:
Numerosas empresas del sector inmobiliario español, acuciadas por la crisis de esta industria en el país y la falta de liquidez mundial, han solicitado concurso voluntario en los últimos meses. En otros casos son acreedores los que instan al concurso de la compañía en cuestión.
'En Alemania o Reino Unido hay decenas de miles de concursos al año, en España no se llega al millar', dice Rafael Quecedo, de 'Quecedo Abogados'. 'Antes la ley estaba pensada para la liquidación, el convenio era anómalo; ahora se mantiene evidentemente el principio de pago a los acreedores, pero vía supervivencia de la empresa', señala, y lamenta que en España sea una medida 'estigmatizada'.
La Ley Orgánica 8/2003 modifica la anterior ley sobre esta materia, de 1985. En la publicación de la última ley concursal se advierte que la reforma 'exige una modificación muy profunda'. La primera de las disposiciones que recoge el texto legal supone toda una declaración de intenciones: se refiere 'a los derechos fundamentales del deudor'.
La reforma concursal pretende suprimir aquellos efectos 'de carácter represivo y limitarse a establecer los necesarios desde un punto de vista funcional'. Parece querer decir que antes que tomar al deudor como delincuente conviene ser pragmáticos y solucionar los problemas.
'La situación de insolvencia', explica Alejo López-Mellado, socio del despacho Cuatrecasas, 'ha tenido mala fama y se ha asociado a la pillería'. Pero, señala, el llegar a esa situación puede deberse a una situación coyuntural o tener razones técnicas, y no debidas a una actuación de mala fe.
'Las inmobiliarias ahora están sufriendo una situación coyuntural, el tamaño de las empresas que están solicitando el concurso nos dice que no son cualquier empresa', añade.
'La norma busca la continuidad de la compañía', dicen en Cosmani
La ley permite que la solicitud de concurso instada por el propio deudor pueda ser por un estado 'previsto como inminente'.
'Así se puede proteger el patrimonio del que solicita concurso, evita que se malvenda la empresa y que la gente pueda cobrar ordenadamente', apunta el socio de Cuatrecasas, despacho que trabaja en el concurso solicitado por Llanera.
Una fuente de Cosmani, la inmobiliaria que solicitó concurso la pasada semana, aporta algunas de las claves que explica por qué la compañía ha tomado ese camino:
'La nueva ley', dice, 'es más anglosajona, tiene vocación de buscar la continuidad de la compañía por encima de todo.
Ahora podemos negociar con los acreedores algo más liberados y presentar un plan de viabilidad que nos permita seguir operando, aunque con alguna intervención'.
La clave para entender las diferencias con la anterior ley es que la nueva 'defiende más a la empresa y menos al administrador'.Efectivamente la nueva normativa amplía las responsabilidades del administrador de una compañía. 'Antes prácticamente si no se sorprendía al administrador robando este no respondía por la situación de su compañía; ahora responde por todo', recuerda López-Mellado, de Cuatrecasas.
Es habitual leer quiebra o suspensión de pagos en referencia a la entrada en concurso, y son términos equivocados y con una imagen muy negativa. 'El nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de concurso, expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII (...) pasó al vocabulario procesal europeo', dice la ley concursal en su exposición de motivos.
'No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminología jurídica española', añade, 'sino utilizarlo para significar el fenómeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia'. Sobre esta cuestión Rafael Quesedo recuerda que en 'el lenguaje de un país se muestra su mentalidad'.
La situación de concurso, en la que nadie quiere verse, no debería ser señal de prácticas de mala fe, ni del final del recorrido de una empresa.
¿Será posible que cale algún día un significado menos negativo en España?
Las grandes también sufren. La factura de las megaoperaciones de 2006 y 2007
Adquirió Colonial, el 15% de FCC y Riofisa
Luis Portillo, primer accionista de Colonial, trata desde final del pasado año de vender su participación en la compañía. Las compras llevadas a cabo desde 2006 para convertir a Colonial en la primera inmobiliaria europea ha incrementado su deuda hasta superar los 8.500 millones de euros. Las adquisiciones de Colonial, a través de Inmocaral, de Riofisa y del 15% de FCC (operaciones valoradas en conjunto en algo más de 7.000 millones) unido ahora a la crisis inmobiliaria y la financiera mundial reducen las posibilidades de maniobra.
Compró Fadesa a Manuel Jove
Otra semana clave para Martinsa Fadesa. La compañía presidida por Fernando Martín negocia con entidades financieras internacionales la refinanciación del pago de parte de su deuda. El ex presidente del Real Madrid compró a Manuel Jove Fadesa en una operación valorada en 4.045 millones. Al igual que otras inmobiliarias, la crisis de liquidez y del sector sitúan a la compañía en una posición incómoda para negociar. Además Martinsa es la inmobiliaria cotizada con más propiedad de suelo, la parte del negocio inmobiliario más castigado en la actualidad.
Negoció con Banesto la compra de Urbis
Rafael Santamaría adquirió en 2006 la inmobiliaria Urbis tras negociar la operación con Banesto, valorada en 3.317 millones. Un reciente informe de BBVA Research sobre el sector advierte que la capacidad financiera de Reyal 'es la principal preocupación sobre un valor que creemos que sigue cotizando con una prima injustificada'. Aun así el mismo informe señala que la negociación de su deuda se realizó antes de la crisis de crédito con condiciones más positivas aunque recuerda que la caída del sector obligaría a Reyal a vender suelo con descuentos.
Una lista que irá engordando en los próximos meses
Llanera: Fue el primer grupo inmobiliario conocido en solicitar concurso. La compañía valenciana lo pidió en octubre de 2007 al encontrarse seis de sus empresas en situación de insolvencia inminente. Culpó a la situación del sector español y al tratamiento de la prensa de su estado.
Lábaro: El último grupo importante en solicitarlo. Esta semana Lábaro, con sede en Madrid, ha entrado en concurso con impagos por 39,1 millones de euros.
Cosmani: A finales de marzo solicitó su entrada en concurso por una 'transitoria' falta de liquidez y explicó que tomó la decisión para evitar un mayor deterioro de su patrimonio.
Seop: La empresa, que pertenece al grupo Silver Eagle, solicitó su entrada en concurso a mediados de marzo por 'impagos de clientes del sector inmobiliario'.
"En países como Alemania hay decenas de miles de concursos al año. En España no se llega al millar. Así es la ley en boga, poco conocida y temida a veces sin razón.A pesar de lo sarcástico del comentario, la entrada en concurso es una medida que, aun sin ser del gusto de nadie, puede facilitar a una compañía el anticiparse a consecuencias peores.
Entrar en concurso no es tan negativo', comenta uno de los mayores empresarios del sector inmobiliario español que todavía mantiene cierto sentido del humor: 'Peor están en Irak', dice."
Numerosas empresas del sector inmobiliario español, acuciadas por la crisis de esta industria en el país y la falta de liquidez mundial, han solicitado concurso voluntario en los últimos meses. En otros casos son acreedores los que instan al concurso de la compañía en cuestión.
'En Alemania o Reino Unido hay decenas de miles de concursos al año, en España no se llega al millar', dice Rafael Quecedo, de 'Quecedo Abogados'. 'Antes la ley estaba pensada para la liquidación, el convenio era anómalo; ahora se mantiene evidentemente el principio de pago a los acreedores, pero vía supervivencia de la empresa', señala, y lamenta que en España sea una medida 'estigmatizada'.
La reforma concursal pretende suprimir aquellos efectos 'de carácter represivo y limitarse a establecer los necesarios desde un punto de vista funcional'. Parece querer decir que antes que tomar al deudor como delincuente conviene ser pragmáticos y solucionar los problemas.
'La situación de insolvencia', explica Alejo López-Mellado, socio del despacho Cuatrecasas, 'ha tenido mala fama y se ha asociado a la pillería'. Pero, señala, el llegar a esa situación puede deberse a una situación coyuntural o tener razones técnicas, y no debidas a una actuación de mala fe.
'Las inmobiliarias ahora están sufriendo una situación coyuntural, el tamaño de las empresas que están solicitando el concurso nos dice que no son cualquier empresa', añade.
'La norma busca la continuidad de la compañía', dicen en Cosmani
La ley permite que la solicitud de concurso instada por el propio deudor pueda ser por un estado 'previsto como inminente'.
'Así se puede proteger el patrimonio del que solicita concurso, evita que se malvenda la empresa y que la gente pueda cobrar ordenadamente', apunta el socio de Cuatrecasas, despacho que trabaja en el concurso solicitado por Llanera.
Una fuente de Cosmani, la inmobiliaria que solicitó concurso la pasada semana, aporta algunas de las claves que explica por qué la compañía ha tomado ese camino:
'La nueva ley', dice, 'es más anglosajona, tiene vocación de buscar la continuidad de la compañía por encima de todo.
Ahora podemos negociar con los acreedores algo más liberados y presentar un plan de viabilidad que nos permita seguir operando, aunque con alguna intervención'.
La clave para entender las diferencias con la anterior ley es que la nueva 'defiende más a la empresa y menos al administrador'.Efectivamente la nueva normativa amplía las responsabilidades del administrador de una compañía. 'Antes prácticamente si no se sorprendía al administrador robando este no respondía por la situación de su compañía; ahora responde por todo', recuerda López-Mellado, de Cuatrecasas.
Es habitual leer quiebra o suspensión de pagos en referencia a la entrada en concurso, y son términos equivocados y con una imagen muy negativa. 'El nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de concurso, expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII (...) pasó al vocabulario procesal europeo', dice la ley concursal en su exposición de motivos.
'No se persigue con ello solamente rescatar un vocablo tradicional en la terminología jurídica española', añade, 'sino utilizarlo para significar el fenómeno unificador de los diversos procedimientos de insolvencia'. Sobre esta cuestión Rafael Quesedo recuerda que en 'el lenguaje de un país se muestra su mentalidad'.
La situación de concurso, en la que nadie quiere verse, no debería ser señal de prácticas de mala fe, ni del final del recorrido de una empresa.
¿Será posible que cale algún día un significado menos negativo en España?
Las grandes también sufren. La factura de las megaoperaciones de 2006 y 2007
Adquirió Colonial, el 15% de FCC y Riofisa
Luis Portillo, primer accionista de Colonial, trata desde final del pasado año de vender su participación en la compañía. Las compras llevadas a cabo desde 2006 para convertir a Colonial en la primera inmobiliaria europea ha incrementado su deuda hasta superar los 8.500 millones de euros. Las adquisiciones de Colonial, a través de Inmocaral, de Riofisa y del 15% de FCC (operaciones valoradas en conjunto en algo más de 7.000 millones) unido ahora a la crisis inmobiliaria y la financiera mundial reducen las posibilidades de maniobra.
Compró Fadesa a Manuel Jove
Otra semana clave para Martinsa Fadesa. La compañía presidida por Fernando Martín negocia con entidades financieras internacionales la refinanciación del pago de parte de su deuda. El ex presidente del Real Madrid compró a Manuel Jove Fadesa en una operación valorada en 4.045 millones. Al igual que otras inmobiliarias, la crisis de liquidez y del sector sitúan a la compañía en una posición incómoda para negociar. Además Martinsa es la inmobiliaria cotizada con más propiedad de suelo, la parte del negocio inmobiliario más castigado en la actualidad.
Negoció con Banesto la compra de Urbis
Rafael Santamaría adquirió en 2006 la inmobiliaria Urbis tras negociar la operación con Banesto, valorada en 3.317 millones. Un reciente informe de BBVA Research sobre el sector advierte que la capacidad financiera de Reyal 'es la principal preocupación sobre un valor que creemos que sigue cotizando con una prima injustificada'. Aun así el mismo informe señala que la negociación de su deuda se realizó antes de la crisis de crédito con condiciones más positivas aunque recuerda que la caída del sector obligaría a Reyal a vender suelo con descuentos.
Una lista que irá engordando en los próximos meses
Llanera: Fue el primer grupo inmobiliario conocido en solicitar concurso. La compañía valenciana lo pidió en octubre de 2007 al encontrarse seis de sus empresas en situación de insolvencia inminente. Culpó a la situación del sector español y al tratamiento de la prensa de su estado.
Lábaro: El último grupo importante en solicitarlo. Esta semana Lábaro, con sede en Madrid, ha entrado en concurso con impagos por 39,1 millones de euros.
Cosmani: A finales de marzo solicitó su entrada en concurso por una 'transitoria' falta de liquidez y explicó que tomó la decisión para evitar un mayor deterioro de su patrimonio.
Seop: La empresa, que pertenece al grupo Silver Eagle, solicitó su entrada en concurso a mediados de marzo por 'impagos de clientes del sector inmobiliario'.
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